Las cifras y relatos en el informe de la ONG Temblores recuerdan la necesidad de no cesar de exigir una reforma policial.
Poner la violencia policial en números tiene dos implicaciones: la primera es que es posible ver un panorama general de la situación, y la segunda es que invisibiliza las historias de los violentados, cada una tan única e irrepetible, pero con un mismo factor en común.
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En el informe “Bolillo, Dios y Patria” de la ONG Temblores, es posible conocer las dos partes de esta historia de violencia y abuso. Porque “reformar la policía” tiene un significado diferente para cada persona y depende ampliamente de qué tipo de violencia haya sido ejercida sobre el violentado, pero no se puede dejar de mostrar que la violencia en la institución se ha vuelto la regla y no la excepción.
Además, es una contribución a un fenómeno poco documentado donde aún reina el subregistro, pero que está lejos de ser hechos aislados.
Es también un fenómeno al que el Estado no ha querido prestarle atención. Sus respuestas son desalentadoras, como la que tuvo el fallecido Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien después de las protestas por la muerte del abogado Javier Ordoñez, aseguró que “hay una campaña institucional en contra de la Policía Nacional a través de las redes (sociales)”.
Eso sin contar con el desafortunado y simbólico mensaje de Ivan Duque, de aparecer vestido de Policía, luego del asesinato de 13 personas en Bogotá y Soacha a manos de la misma institución.
Estas son algunas de las conclusiones del informe que documenta la violencia policial de los años 2017, 2018 y 2019 en todo el país.
La Policía Nacional, que tiene casi 160.000 miembros activos, se escuda bajo el lema “Dios y Patria”, para promover en nombre de estos dos poderes unas políticas de organización social que garantizan soberanía, orden público y convivencia ciudadana.
Son ellos quienes deben garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales y reciban acceso a los servicios del Estado. Es importante recalcar que la fuerza pública es una de las caras más visibles, pues están conviviendo con la ciudadanía en el espacio público y en todo el territorio.
Ahora bien, ¿a quién se ejerce esta violencia? La ONG encontró que la Policía afecta de manera desproporcionada a personas afro, personas LGBTI, mujeres, grupos indígenas, jóvenes, estudiantes y usuarixs de drogas.
En total, Temblores registró 289 homicidios, 39.613 casos de violencia física y 102 hechos de violencia sexual.
Este informe es la prueba de que la violencia por parte de uniformados no obedece a unos malos comportamientos ni a unas cuantas “manzanas podridas”.
La formación de la Policía está inscrita en una doctrina basada en la idea del enemigo interno, es decir que la institución desconfía del ciudadano. Cualquier acción ciudadana que muestre inconformidad, es asumido como riesgoso para la seguridad del Estado.
Por esto, la violencia en contra de la ciudadanía se legitima por parte de los gobiernos.
Hay, además, tres tipos de violencia que comete la institución: homicida, física y sexual. Estos tres tipos atentan directamente contra los derechos humanos y la integridad de las personas.
¿Cómo se decide a quién se violenta? Esto depende de cómo los agentes de la Policía clasifiquen a la población, que suele ser entre ciudadanos de bien y ciudadanos sospechosos.
Entonces, la violencia policial no es espontánea ni coincidencial, según el informe, es “deliberada, premeditada y en muchos casos, incluso, nos demuestran que han sido perpetrados con alevosía”.
Entre 2017 y 2019.
El departamento donde más homicidios se cometieron fue en Antioquia con 56 personas asesinadas, seguido de Atlántico, con 46 personas asesinadas y luego con Bolívar y Bogotá, con 37 y 23 personas asesinadas respectivamente.
Los departamentos con mayores índices de violencia homicida por cada 100.000 habitantes fueron Arauca, Amazonas, Chocó, Atlántico y Bolívar.
Bogotá fue el lugar con más casos de violencia, seguido se Antioquia, Atlantico y Valle del Cauca. En la capital suceden 1 de cada 4 hechos de violencia policial.
En relación con la tasa poblaciones, San Andrés y Providencia ocupan el primer lugar con 430.8 hechos por cada 100.000 habitantes.
El 80,4% de este tipo de violencia afecta a las mujeres, que sucede cada 10 días en el territorio nacional. Además, se puede asegurar que “para las mujeres un encuentro con la policía siempre alberga la posibilidad de una violación”, escribe el informe.
El lugar donde ocurrieron más casos fue en Bogotá, y son las viviendas privadas los escenarios en donde ocurren la mayoría de estos hechos, pues los Policías entran a los hogares con la excusa de salvaguardar la vida de una persona que potencialmente está en riesgo, y al no estar en un espacio público, es más fácil que suceda la violación.
Este informe es la prueba de que la violencia por parte de uniformados no obedece a unos malos comportamientos ni unas cuantas “manzanas podridas”, sino a un problema estructural y sistemático que se niega a separarse de las raíces de la institución. En promedio, la Policía cometió mensualmente ocho homicidios, 1.100 hechos de violencia física y tres de violencia sexual.
Además, la infraestructura pública de la Policía está lejos de ser un edificio administrativo donde se cumpla el Estado social de derecho. Son “edificios en concreto, con vidrios polarizados que funcionan como trincheras de guerra”, explica el informe.
La institución también le ha prohibido a la ciudadanía registrar los procedimientos con su celular, de hecho, intentarlo puede terminar en el uso de la fuerza por parte de la Policía, incluso cuando la persona grabando no está directamente implicada en el hecho. No tener la oportunidad de registrar los hechos termina por crear impunidad en los casos de violencia.
La omisión legislativa y la creencia que se garantiza el orden público a punta de bolillo, han llevado a que la Policía sea deslegitimada por la ciudadanía. Por esto, tarde o temprano, el país tendrá que reformar profundamente los cuerpos de la policía y regular el uso de la fuerza estatal sobre los ciudadanos.
El informe completo lo encuentran por aquí.
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